Vivimos atrapados en el paradigma político y económico de
asumir únicamente dos factores para lo público: el coste y la rentabilidad; por
eso nos movemos en el terreno del cuanto cuesta más que en el para que vale.
A esta línea de argumentación
responden slogans de la derecha como: tendremos “el Estado de Bienestar que podamos permitirnos”, “las pensiones
necesitan factores que las hagan sostenibles”, “la sanidad actual necesita ser más barata
para poder ser sostenible”, “ahora no nos podemos permitir el sistema de
protección a personas dependientes”,
“las becas, la educación pública y la investigación no se pueden asumir en este momento”, “las
indemnizaciones por desempleo generan paro”.
Visto de esta manera, parece
darse una relación de intercambio entre derechos
sociales y económicos frente a prosperidad económica, y esa idea tan
extendida hoy lo fue históricamente hasta que Keynes diseño una nueva estrategia en política económica,
las políticas anticíclicas,
atribuyendo al Estado el papel de moderar el crecimiento económico en fases de
expansión para que no se formaran burbujas y atenuando el decrecimiento
económico en las épocas de crisis.
Dentro de las políticas
anticíclicas, existe un tipo de instrumento que se llaman estabilizadores automáticos, que sin necesidad de tomar decisiones
en política económica, suavizan los ciclos económicos. Se recaudará más en
el fondo para el desempleo en épocas de pleno empleo y la aplicación de esos
fondos en etapas de recesión supondrá un alivio para los desempleados que
podrán mantener cierto nivel de gasto, matizando la caída generalizada de la
economía.
En general, los derechos
económicos y sociales, actúan como estabilizadores automáticos, constituyen ese
suelo que nos permiten matizar el
pesimismo que caracteriza a las crisis. Hoy muchos jubilados se hacen cargo
con sus pensiones de mantener a familias en paro, reducirán sus ya mermadísimos
gastos ante la amenaza de ese “factor de sostenibilidad”, nuevos copagos
sanitarios, subidas en las tasas universitarias de sus nietos que ellos mismos
pagan, posibles nuevas bajadas en las prestaciones por paro de sus hijos (si ya
se ha rebajado una vez, porqué no lo harán de nuevo?) o ante el riesgo de que
él mismo o un familiar caiga en una situación de dependencia para la que ya no
tendrá asistencia ni derechos públicos.
De esta manera, la financiación
de servicios sociales y derechos económicos en épocas de bonanza servirá para paliar
el efecto riqueza, que es ese
consumo que se produce por encima del asociado al nivel de ingresos por la
percepción de que todo siempre irá bien (lo que algunos llaman vivir por encima
de tus posibilidades); por otra parte el mantenimiento de esos mismos derechos
sociales y civiles sirven, como es obvio, para garantizar unas condiciones
vitales mínimas y garantizar la igualdad de oportunidades, pero también para
permitir niveles de consumo por encima de las que existirían en etapas
recesivas.
Así que tumbar los derechos de
las personas dependientes, degradar las pensiones, establecer copagos
sanitarios e implantar modelos público-privados, rebajar prestaciones por
desempleo, cambiar el método de cálculo de las becas y demás recetas que está
aplicando la derecha para desmontar el Estado de bienestar, no son sólo crueles
socialmente sino que son aberraciones
económicas, por cuanto se están convirtiendo estabilizadores automáticos en
desestabilizadores automáticos, ya que no solo tiene efectos económicos
directos, sino que constituye un clima de desconfianza sobre la permanencia de
los derechos que no se han eliminado.
Tal vez sea el momento de
replantearnos si lo útil socialmente y lo necesario económicamente pueden ir de
la mano y si los sacrificios se hacen a los altares de la racionalidad
económica o de intereses privados e ideología política.