Desestabilizadores automáticos

Vivimos atrapados en el paradigma político y económico de asumir únicamente dos factores para lo público: el coste y la rentabilidad; por eso nos movemos en el terreno del cuanto cuesta más que en el para que vale.

A esta línea de argumentación responden slogans de la derecha como: tendremos “el Estado de Bienestar que podamos permitirnos”, “las pensiones necesitan factores que las hagan sostenibles”,  “la sanidad actual necesita ser más barata para poder ser sostenible”, “ahora no nos podemos permitir el sistema de protección a personas dependientes”, “las becas, la educación pública y la investigación no se pueden asumir en este momento”, “las indemnizaciones por desempleo generan paro”.

Visto de esta manera, parece darse una relación de intercambio entre derechos sociales y económicos frente a prosperidad económica, y esa idea tan extendida hoy lo fue históricamente hasta que Keynes diseño  una nueva estrategia en política económica, las políticas anticíclicas, atribuyendo al Estado el papel de moderar el crecimiento económico en fases de expansión para que no se formaran burbujas y atenuando el decrecimiento económico en las épocas de crisis.

Dentro de las políticas anticíclicas, existe un tipo de instrumento que se llaman estabilizadores automáticos, que sin necesidad de tomar decisiones en política económica, suavizan los ciclos económicos. Se recaudará más en el fondo para el desempleo en épocas de pleno empleo y la aplicación de esos fondos en etapas de recesión supondrá un alivio para los desempleados que podrán mantener cierto nivel de gasto, matizando la caída generalizada de la economía.

En general, los derechos económicos y sociales, actúan como estabilizadores automáticos, constituyen ese suelo que nos permiten matizar el pesimismo que caracteriza a las crisis. Hoy muchos jubilados se hacen cargo con sus pensiones de mantener a familias en paro, reducirán sus ya mermadísimos gastos ante la amenaza de ese “factor de sostenibilidad”, nuevos copagos sanitarios, subidas en las tasas universitarias de sus nietos que ellos mismos pagan, posibles nuevas bajadas en las prestaciones por paro de sus hijos (si ya se ha rebajado una vez, porqué no lo harán de nuevo?) o ante el riesgo de que él mismo o un familiar caiga en una situación de dependencia para la que ya no tendrá asistencia ni derechos públicos.

De esta manera, la financiación de servicios sociales y derechos económicos en épocas de bonanza servirá para paliar el efecto riqueza, que es ese consumo que se produce por encima del asociado al nivel de ingresos por la percepción de que todo siempre irá bien (lo que algunos llaman vivir por encima de tus posibilidades); por otra parte el mantenimiento de esos mismos derechos sociales y civiles sirven, como es obvio, para garantizar unas condiciones vitales mínimas y garantizar la igualdad de oportunidades, pero también para permitir niveles de consumo por encima de las que existirían en etapas recesivas.

Así que tumbar los derechos de las personas dependientes, degradar las pensiones, establecer copagos sanitarios e implantar modelos público-privados, rebajar prestaciones por desempleo, cambiar el método de cálculo de las becas y demás recetas que está aplicando la derecha para desmontar el Estado de bienestar, no son sólo crueles socialmente sino que son aberraciones económicas, por cuanto se están convirtiendo estabilizadores automáticos en desestabilizadores automáticos, ya que no solo tiene efectos económicos directos, sino que constituye un clima de desconfianza sobre la permanencia de los derechos que no se han eliminado.

Tal vez sea el momento de replantearnos si lo útil socialmente y lo necesario económicamente pueden ir de la mano y si los sacrificios se hacen a los altares de la racionalidad económica o de intereses privados e ideología política.